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El alcalde socialista de Pinos Puente, José Enrique Medina, condenado por injurias a los concejales del Partido Popular, a quienes llamó “asesinos”

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El Juzgado de Instrucción Número Uno de Granada ha condenado, en juicio de faltas rápido, al actual alcalde socialista de Pinos Puente, José Enrique Medina Ramírez, “como autor criminalmente responsable de dos faltas de injurias” por los insultos vertidos durante el pleno extraordinario en el ayuntamiento de Pinos Puente, celebrado el 27 de abril de 2011, contra los concejales del grupo popular de dicho municipio, a los que reiteradamente llamó “asesinos”.

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El que en el momento de los hechos era portavoz del grupo socialista y ahora alcalde de Pinos Puente profirió dicho expresión después de criticar  el pacto entre el PP e IU en dicho municipio y, según la sentencia, “el propósito del acusado era el de zaherir y vilipendiar a los miembros del grupo municipal del PP allí presentes”, de los que dijo “los del PP son unos asesinos, que llevaron a la gente a las tapias de los cementerios para fusilarlos”.

 

En los fundamentos de la sentencia, el juez indica que “el insulto no cabe entre personas civilizadas, ni es admisible que se pueda recurrir a la injuria, ni como argumento, ni como apoyo de cualquier argumentación, ni como recurso literario, ni siquiera como descargo de un supuesto acaloramiento”. “Comprendemos –dice más adelante— que la discusión de los temas en un pleno municipal pueda ser tensa, acalorada, desagradable y difícil. Pero lo que nunca puede ser es un escenario donde verter o proferir insultos, olvidando esa función de representación, y proyectando un lamentable ejemplo a la ciudadanía en un foro público donde han de primar el razonamiento y la argumentación, no la violencia, no la injuria, no el agravio, ni el ultraje, el dicterio, el improperio o el denuesto”.

 

La sentencia fue dada a conocer ayer durante la comparecencia en rueda de prensa del vicesecretario general del PP, Pablo García, y de María Teresa Fernández del Moral, concejal popular de Pinos Puente, que fue una de las destinatarias de los insultos de José Enrique Medina.

 

María Teresa Fernández del Moral, que era también diputada provincial cuando se produjeron los hechos, comentó la continua y rastrera persecución que a lo largo de la anterior legislatura fue víctima por parte del ahora condenado y recordó las palabras del ex senador socialista e hijo de un republicano fusilado durante la contienda, José García Ladrón de Guevara, que pidió públicamente a la secretaria de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, que retirase de las listas a quien tan gratuitamente se dedicaba a proferir insultos, lo que obviamente la señora Jiménez no hizo.

 

Por su parte el vicesecretario general del PP, Pablo García, tras dar a conocer la sentencia exigió al alcalde de Pinos Puente que pida públicamente perdón a los concejales insultados, a todos los militantes del PP que se han sentido agraviados por esta ofensa y a la ciudadanía en general, ya que como señala el juez, cuando un representante ciudadano “se sale de lo razonable, se deslegitima y pierde su autoridad moral”.

 

Asimismo, Pablo García hizo hincapié en las rectificaciones efectuadas en el acta de la sesión del pleno extraordinario del día 27 de abril de 2011, en que “la rectificación que se aprueba no sólo afecta al trascendente párrafo comentado, sino aún más, se añade, después de aludir a lo manifestado por la denunciante María Teresa Fernández del Moral, tras las referidas descalificaciones, la siguiente mención: el concejal de Juventud añade que. ‘asesinos son los del PSOE por aprobar la Ley del Aborto’. “Este inciso o rectificación –dice la sentencia--, que no aparece en el acta inicial del pleno, en nada modifica lo argumentado”. Esta rectificación es la que lleva al juzgador a señalar que “podríamos estar ante un delito de falsedad en documento público”.

 

La pena impuesta por las dos faltas de injurias –que se ajusta a lo pedido por los demandantes-- es una multa de 10 días por cada una de dichas faltas, a razón de una cuota diaria de 6 euros (dos multas, cada una de 60 euros); con la responsabilidad personal subsidiaria, para el caso de impago de la multa por insolvencia, de un día de privación de libertad, por cada dos cuotas impagadas.

 

 

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